El Pacto Presupuestario Europeo
Una política de
austeridad contra el interés general y condenada al fracaso
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El gobierno socialista de François Hollande se apresta a adoptar
por vía parlamentaria el Pacto Presupuestario Europeo, también llamado Tratado
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) el cual, además de instaurar
definitivamente una política de austeridad, atenta contra la independencia de
Francia, que ya no podrá decidir soberanamente sobre su presupuesto nacional
La Francia de François Hollande,
está a punto de ratificar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza
(TECG) impuesto por la Alemania de Angela Merkel y adoptado a nivel europeo.
Este texto introduce la llamada “regla de oro”, en adelante obligatoria para
todos los países miembros de la Eurozona, e instaura de facto una política de austeridad, impidiendo que los Estados
presenten un presupuesto con un déficit superior al 0,5% del Producto Interior
Bruto.[1][1]
Adoptado el 2 de
marzo de 2012 por Nicolas Sarkozy y otros 24 dirigentes europeos, el TECG se
someterá pronto al Parlamento francés dominado por el Partido Socialista,
mediante un procedimiento de mayoría simple de las dos asambleas, sin que el
tratado se haya modificado en ningún aspecto. La regla de oro se transformaría
entonces en ley y prohibiría todo déficit público, so pena de graves sanciones
por parte de la Unión Europea.[2][2]
Más grave aún, Francia pierde gran
parte de su soberanía con el TECG. El Parlamento francés tendrá que someter, de
modo obligatorio, su presupuesto anual a la Comisión Europea, ninguno de cuyos
miembros salió por sufragio universal, que podrá realizar los arbitrajes que
juzgue necesarios, sin tener que rendir cuenta alguna a los ciudadanos, y por
lo tanto decidirá el futuro de la nación. Así, el TECG hace obligatoria la
aplicación de las políticas de austeridad en Europa, sin que se pueda explorar
ninguna vía alternativa.[3][3]
Para Francia, mientras que el país
se encuentra al borde de la recesión y que convendría lógicamente inyectar
fondos en la economía, el regreso al equilibrio presupuestario que impone el
TECG, que implica volver a un déficit de un 3% en 2013, significa que 33.000
millones de euros que redistribuye el Estado tienen que sacarse de la economía
nacional. Eso sería válido sólo si se confirmasen las hipótesis de crecimiento
de alrededor del 1%, lo que no parece que será el caso, por lo que en realidad
supone que el Estado reducirá inevitablemente sus gastos públicos, lo que
tendrá un impacto social.[4][4]
Del mismo modo, para alcanzar el
equilibrio presupuestario en 2017, como se comprometió el presidente francés
François Hollande, habría que retirar 60.000 millones de euros de la
circulación económica. L o que equivale
a la mitad de la suma que prevé el Plan de Reactivación, de 120.000 millones de
euros (inferior al 1% del PIB europeo), que adoptó la Unión para todos los
países de la Eurozona, destinado a estimular el crecimiento.[5][5]
El Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) se destina oficialmente a brindar ayuda a los países en dificultades. No
obstante, sólo concierne a las naciones que adoptaron el TECG. Se trata en
realidad del medio que utilizan los partidarios del neoliberalismo, abanderados
por Angela Merkel, para imponer políticas de austeridad que además de tener
graves consecuencias sociales en las poblaciones son económicamente ineficaces.[6][6]
En efecto, dondequiera que se
aplicaron los planes de austeridad, sea en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal o
España, la crisis de la deuda, lejos de desaparecer, se ha agravado y las
condiciones de vida de los habitantes se han deteriorado considerablemente, con
un explosión del desempleo y una destrucción organizada del sistema de
protección social y del Estado del bienestar.
Los ejemplos más emblemáticos son
Grecia y España, donde se impusieron por la fuerza esas recetas de choque. Los
resultados son catastróficos desde el punto de vista político, económico y
social.
Así en Grecia, tras la aplicación de
nueve planes de austeridad con un alza masiva de los impuestos, entre ellos el
IVA, un alza de los precios, una reducción de los salarios (¡hasta un 32% del
salario mínimo!) y de las pensiones de retiro, un retraso de la edad legal de
la jubilación, destrucción de los servicios públicos de primera necesidad como la
educación y la sanidad, supresión de las ayudas sociales y privatización de los
sectores estratégicos de la economía nacional (puertos, aeropuertos,
ferrocarril, gas, agua, petróleo) la producción cayó un 20%, explotó el
desempleo y la crisis de la deuda empeoró. En efecto, hoy ésta es superior a lo
que era antes de la intervención de las instituciones financieras
internacionales en 2010.[7][7]
Tras el desastre griego causado por
las políticas de austeridad de la Troika (Banco Central Europeo, Unión Europea
y Fondo Monetario Internacional), ahora es España la que se encuentra al borde
del abismo. Se ha aplicado por la fuerza al pueblo español la misma terapia de
choque con las mismas consecuencias desastrosas. El gobierno de Mariano Rajoy
ha impuesto a los ciudadanos “un plan de rigor colosal” según el diario
económico francés La Tribune, con una
disminución de los gastos de 102.000 millones de euros hasta 2014: reducción
drástica del número de funcionarios, de los presupuestos de educación y sanidad
y disminución de los salarios, alza de los impuestos incluido el IVA y
reducción de las prestaciones familiares, de los subsidios de desempleo y de
las pensiones de jubilación entre otras. Todo ello en un país golpeado por una
tasa de desempleo record del 25%, con una explosión de la pobreza. Por su lado
la Comisión Europea, lejos de preocuparse de las consecuencias sociales y
humanas que engendran estas medidas, “se congratula de la adopción de España
del plan plurianual”.[8][8]
El TECG, que impone políticas de austeridad
como única norma posible, está condenado al fracaso y agravará inevitablemente
la crisis económica en Europa, ya en plena recesión. En efecto, el concepto de
la “regla de oro” resulta dudoso ya que al reducir la capacidad de
endeudamiento de los Estados les priva de toda posibilidad de realizar
inversiones que estimularían el crecimiento. Las consecuencias sociales
ocasionarán una crisis política de envergadura cuyo desenlace nadie puede
predecir, en un contexto de resurgimiento de la extrema derecha en todo el
continente.
El
gobierno socialista de François Hollande tiene la obligación moral de someter
el TECG al pueblo por referéndum después de un amplio debate público. Está en
juego el porvenir de la democracia en Francia, ya sensiblemente quebrantada por
la adopción por vía parlamentaria del Tratado de Lisboa en 2007, mientras que
el pueblo lo había rechazado dos años antes por referéndum.
*Doctor
en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris
IV, Salim Lamrani es profesor titular en la Universidad de la Reunión y
periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des
Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de
Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Página
Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
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